PAH HUELVA A LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS ALCALDABLES DE LA PROVINCIA

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¡Si estás de acuerdo haz llegar a los diferentes partidos de tu localidad las propuestas de Pah Huelva!

Desde  PAH Huelva llevamos más de dos años trabajando por hacer efectivo el  derecho a la vivienda, ese que recoge la Constitución precisamente en su  Título I. De los derechos y deberes fundamentales. 
Artículo 47
Todos  los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y  adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y  establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,  regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general  para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías  que genere la acción urbanística de los entes públicos.
No  sólo tenemos derecho a una vivienda digna, sino que los poderes  públicos están obligados a hacer efectivo este derecho y la comunidad  debe participar de las plusvalías generadas.
Entendemos  que tal y como establece la Constitución son los poderes públicos  quienes deben garantizar este derecho y poderes públicos son también los  Ayuntamientos y la Diputación a quienes queremos dirigirnos ante las  próximas elecciones municipales. Todas las Instituciones pueden (y  deben) colaborar en facilitar el Derecho a una vivienda digna. Para ello  proponemos:
A nivel de viviendas de alquiler social:
Sorprendentemente  hemos constatado que muchos municipios de Huelva no cuentan con un  parque de viviendas públicas en alquiler que permitan atender las  necesidades de la población a este respecto; por ello el primer punto  debería ser precisamente la creación de un parque de alquiler suficiente  según la población de cada municipio. 
Plan  de Rehabilitación de viviendas. Aquellos municipios que sí cuentan con  viviendas públicas de alquiler deben garantizar el mantenimiento de las  mismas y sus buenas condiciones de habitabilidad.
Plan  de incentivación del alquiler. Desde el poder local es posible  facilitar el alquiler de aquellas viviendas que se encuentran  desocupadas, obligando a las entidades financieras a ofrecerlas con un  alquiler social y penalizando, en caso de que esto no se produzca, bien  con multas a las viviendas vacías, bien con el incremento del IBI. En  cuanto a las viviendas vacías de particulares los Ayuntamientos pueden  ayudar a que estas se ofrezcan en alquiler firmando convenios con los  particulares y situándose como avalistas para garantizar el pago de la  cuota y el cuidado adecuado de la vivienda. 
En cuanto a Viviendas de Protección:
Fin de la venta de patrimonio público y recuperación de las viviendas vendidas 
Auditoría  de la Deuda de las Empresas Públicas de vivienda. En el caso concreto  de la ciudad de Huelva tenemos una situación anómala con respecto a la  vivienda dado el cierre temporal de la Empresa Municipal de la Vivienda, la encargada de la gestión, promoción y rehabilitación de viviendas.
Solicitamos  el esclarecimiento y resolución de la actual situación, y además  exigimos transparencia en la gestión y desarrollo de las políticas de  vivienda. 
Censo  de la Situación de las viviendas y viviendas Vacías. Para poder poner a  disposición de las familias necesitadas las viviendas vacías es  fundamental en primer lugar contar con un censo de las mismas; para ello  se instará a las entidades financieras y se colaborará con las  entidades sociales locales o provinciales que puedan contar con estos  datos.
Plan de Rehabilitación de las viviendas. 
Plan de Apoyo a los Gastos de comunidad para Familias con Menores ingresos. 
Criterios de Acceso priorizados Para entrar SEGÚN Necesidades reales de vivienda de Las Familias.
En cuanto a los suministros:
Entendemos  que para que una vivienda pueda considerarse digna y adecuada además de  encontrarse en buenas condiciones debe contar con los suministros  básicos: luz, agua y gas.
Garantía  de Acceso al agua. En aquellos municipios donde la gestión del agua  continúa siendo pública los poderes públicos deben establecer un mínimo  de agua a la cual tendrían derecho  todas las familias, garantizando además el suministro si la familia no  cuenta con los ingresos suficientes para hacer frente a su pago. En  aquellos casos en los cuales la gestión la lleve a cabo una entidad  privada deberá incluirse este requisito en el Contrato o convenio  establecido. 
Luz. Promover acuerdos que faciliten el acceso a un bien imprescindible como es la electricidad 
Impedir  los cortes de luz, agua o gas que afectan a familias en situación de  vulnerabilidad y garantizar el derecho al acceso a suministros básicos  de agua, luz y gas de las personas en situación de vulnerabilidad. Se  establecerá un protocolo obligado de comunicación e intervención previa  de los servicios sociales para aplicar las ayudas necesarias para  evitar el corte de suministro. Así mismo, la contribución por parte de  las empresas suministradoras en la lucha contra la pobreza energética a  través de acuerdos con la Administración que establezcan líneas de ayuda  o descuentos muy significativos en el coste de los consumos mínimos de  las personas en situación de vulnerabilidad.
En relación a los desahucios
1. En primer lugar declararse públicamente Municipio contra los desahucios.
2. Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales   para, entre otros, que ninguna familia más sea amenazada de perder la   custodia de sus hijos a causa de un desahucio. Por el contrario,  exigimos que servicios sociales colabore siempre en pedir al juez la  suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se   refiera a la vivienda única y habitual.
3. En los casos en que no se haya podido impedir el desahucio, garantizar el inmediato realojo en una vivienda digna en régimen de alquiler social asequible, a poder ser en el mismo barrio.
4. Interpelar a las entidades financieras que operan en el municipio para  exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas  ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. En caso de  no obtener respuesta por parte de éstas, aplicar medidas  sancionadoras.  Buscar  entidades financieras alternativas con el objetivo inmediato de retirar  los fondos  que tenga este Ayuntamiento con bancos que realicen  desahucios.
5. Colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento con las familias víctimas de un desahucio o ejecución hipotecaria en todos los casos que lo requieran.
6. Que todos los miembros del gobierno municipal participen activamente en la paralización de los desahucios.
7. Que el Ayuntamiento realice las gestiones  oportunas con el Instituto de la vivienda o entidad que gestione las  viviendas públicas para que no haya un solo piso vacío de este Instituto, y que éstos se empleen en dar solución a estos casos. No pueden existir personas en la calle cuando hay muchas casas vacías.
Salvo por orden judicial, no poner ni a un solo policía municipal a disposición de órdenes de desahucio.
 
Y  por último la Creación de un observatorio de la vivienda que estaría compuesto por representantes de las instituciones y  de la sociedad civil. Entre sus funciones estarían hacer censos  periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas  
pública y la elaboración de informes; contaría con capacidades no sólo consultivas sino también de control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de  propuesta legislativa.
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