¡Si estás de acuerdo haz llegar a los diferentes partidos de tu localidad las propuestas de Pah Huelva!
Desde PAH Huelva llevamos más de dos años trabajando por hacer efectivo el derecho a la vivienda, ese que recoge la Constitución precisamente en su Título I. De los derechos y deberes fundamentales.
Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
No sólo tenemos derecho a una vivienda digna, sino que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo este derecho y la comunidad debe participar de las plusvalías generadas.
Entendemos que tal y como establece la Constitución son los poderes públicos quienes deben garantizar este derecho y poderes públicos son también los Ayuntamientos y la Diputación a quienes queremos dirigirnos ante las próximas elecciones municipales. Todas las Instituciones pueden (y deben) colaborar en facilitar el Derecho a una vivienda digna. Para ello proponemos:
A nivel de viviendas de alquiler social:
Sorprendentemente hemos constatado que muchos municipios de Huelva no cuentan con un parque de viviendas públicas en alquiler que permitan atender las necesidades de la población a este respecto; por ello el primer punto debería ser precisamente la creación de un parque de alquiler suficiente según la población de cada municipio.
Plan de Rehabilitación de viviendas. Aquellos municipios que sí cuentan con viviendas públicas de alquiler deben garantizar el mantenimiento de las mismas y sus buenas condiciones de habitabilidad.
Plan de incentivación del alquiler. Desde el poder local es posible facilitar el alquiler de aquellas viviendas que se encuentran desocupadas, obligando a las entidades financieras a ofrecerlas con un alquiler social y penalizando, en caso de que esto no se produzca, bien con multas a las viviendas vacías, bien con el incremento del IBI. En cuanto a las viviendas vacías de particulares los Ayuntamientos pueden ayudar a que estas se ofrezcan en alquiler firmando convenios con los particulares y situándose como avalistas para garantizar el pago de la cuota y el cuidado adecuado de la vivienda.
En cuanto a Viviendas de Protección:
Fin de la venta de patrimonio público y recuperación de las viviendas vendidas
Auditoría de la Deuda de las Empresas Públicas de vivienda. En el caso concreto de la ciudad de Huelva tenemos una situación anómala con respecto a la vivienda dado el cierre temporal de la Empresa Municipal de la Vivienda, la encargada de la gestión, promoción y rehabilitación de viviendas.
Solicitamos el esclarecimiento y resolución de la actual situación, y además exigimos transparencia en la gestión y desarrollo de las políticas de vivienda.
Censo de la Situación de las viviendas y viviendas Vacías. Para poder poner a disposición de las familias necesitadas las viviendas vacías es fundamental en primer lugar contar con un censo de las mismas; para ello se instará a las entidades financieras y se colaborará con las entidades sociales locales o provinciales que puedan contar con estos datos.
Plan de Rehabilitación de las viviendas.
Plan de Apoyo a los Gastos de comunidad para Familias con Menores ingresos.
Criterios de Acceso priorizados Para entrar SEGÚN Necesidades reales de vivienda de Las Familias.
En cuanto a los suministros:
Entendemos que para que una vivienda pueda considerarse digna y adecuada además de encontrarse en buenas condiciones debe contar con los suministros básicos: luz, agua y gas.
Garantía de Acceso al agua. En aquellos municipios donde la gestión del agua continúa siendo pública los poderes públicos deben establecer un mínimo de agua a la cual tendrían derecho todas las familias, garantizando además el suministro si la familia no cuenta con los ingresos suficientes para hacer frente a su pago. En aquellos casos en los cuales la gestión la lleve a cabo una entidad privada deberá incluirse este requisito en el Contrato o convenio establecido.
Luz. Promover acuerdos que faciliten el acceso a un bien imprescindible como es la electricidad
Impedir los cortes de luz, agua o gas que afectan a familias en situación de vulnerabilidad y garantizar el derecho al acceso a suministros básicos de agua, luz y gas de las personas en situación de vulnerabilidad. Se establecerá un protocolo obligado de comunicación e intervención previa de los servicios sociales para aplicar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministro. Así mismo, la contribución por parte de las empresas suministradoras en la lucha contra la pobreza energética a través de acuerdos con la Administración que establezcan líneas de ayuda o descuentos muy significativos en el coste de los consumos mínimos de las personas en situación de vulnerabilidad.
En relación a los desahucios:
1. En primer lugar declararse públicamente Municipio contra los desahucios.
2. Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales para, entre otros, que ninguna familia más sea amenazada de perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio. Por el contrario, exigimos que servicios sociales colabore siempre en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
3. En los casos en que no se haya podido impedir el desahucio, garantizar el inmediato realojo en una vivienda digna en régimen de alquiler social asequible, a poder ser en el mismo barrio.
4. Interpelar a las entidades financieras que operan en el municipio para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. En caso de no obtener respuesta por parte de éstas, aplicar medidas sancionadoras. Buscar entidades financieras alternativas con el objetivo inmediato de retirar los fondos que tenga este Ayuntamiento con bancos que realicen desahucios.
5. Colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento con las familias víctimas de un desahucio o ejecución hipotecaria en todos los casos que lo requieran.
6. Que todos los miembros del gobierno municipal participen activamente en la paralización de los desahucios.
7. Que el Ayuntamiento realice las gestiones oportunas con el Instituto de la vivienda o entidad que gestione las viviendas públicas para que no haya un solo piso vacío de este Instituto, y que éstos se empleen en dar solución a estos casos. No pueden existir personas en la calle cuando hay muchas casas vacías.
Salvo por orden judicial, no poner ni a un solo policía municipal a disposición de órdenes de desahucio.
Y por último la Creación de un observatorio de la vivienda que estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas
pública y la elaboración de informes; contaría con capacidades no sólo consultivas sino también de control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.
